Introducción

El aplazamiento de VeriFactu a enero de 2027 ha llevado a muchas empresas a una conclusión rápida: “todavía queda tiempo”.

Y es cierto… pero es una lectura peligrosa.

¿Qué significa el aplazamiento de VeriFactu?

El aplazamiento de VeriFactu a 2027 retrasa su obligatoriedad, pero no elimina la obligación de cumplir con la Ley Antifraude cuando llegue el momento. Esto significa que las empresas deben adaptar ya sus sistemas de facturación para garantizar integridad, trazabilidad y control de los datos.

La clave: la Ley Antifraude sigue vigente

Aquí está el punto que muchas empresas están pasando por alto.

La Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, ya prohíbe la venta de software de facturación que permita:

• Modificar registros sin trazabilidad
• Eliminar datos sin control
• Generar contabilidad paralela

Si tu sistema actual permite cualquiera de estas prácticas, ya estás en riesgo.

Qué busca realmente la Ley Antifraude (y dónde encaja VeriFactu)

La Ley Antifraude (Ley 11/2021) es la norma que establece cómo deben ser los sistemas de facturación.

Y dentro de esa ley es donde aparece VeriFactu.

VeriFactu no es una normativa independiente, sino un sistema técnico que forma parte de ese marco y que permite verificar que las facturas cumplen con los requisitos exigidos.

En este contexto, la ley persigue tres objetivos clave:

Integridad

Los datos no pueden alterarse sin dejar rastro.

Trazabilidad

Cada operación debe poder seguirse desde su origen.

Control

La información debe ser verificable por la Agencia Tributaria.

👉 VeriFactu actúa como mecanismo que permite garantizar y comprobar estos principios.

Entonces, ¿qué cambia con VeriFactu?

La Ley Antifraude ya define cómo deben ser los sistemas de facturación.

Lo que introduce VeriFactu es un paso adicional: un sistema de verificación que estos programas deben ser capaces de utilizar.

Es decir:

• El software debe cumplir con los requisitos de la Ley Antifraude
• Además, debe poder interactuar con VeriFactu para garantizar y validar la información

No es una nueva obligación desde cero, sino una capa adicional que refuerza el cumplimiento.

Esto implica que muchas soluciones actuales no solo tendrán que adaptarse… sino demostrar que cumplen.

El error: pensar que el aplazamiento da margen

El aplazamiento a 2027 ha generado una reacción bastante común: posponer cualquier decisión relacionada con la facturación. Pero este enfoque tiene como principal problema en sentido operativo: adaptar un sistema de facturación no es solo cambiar de herramienta. Implica revisar procesos, formar al equipo y ajustar la operativa diaria.

El siguiente problema más inmediato es estratégico: esperar concentra el cambio en un momento concreto, normalmente con prisa, presión y menor capacidad de decisión.

Las empresas que esperan suelen acabar:

• Tomando decisiones rápidas
• Adaptándose a soluciones poco óptimas
• Y asumiendo más riesgo del necesario

Por el contrario, las que se adelantan pueden:

• Evaluar opciones con calma
• Adaptar procesos progresivamente
• Reducir el impacto del cambio

No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de control.

Qué deberían estar haciendo las empresas ahora

Las empresas que están actuando con criterio no están esperando. Están preparándose.

Las acciones clave son claras:

• Revisar el software de facturación actual
• Confirmar si cumple con la Ley Antifraude y VeriFactu
• Detectar posibles riesgos (edición, borrado, falta de trazabilidad)
• Empezar la transición de forma progresiva

Bonus: la factura electrónica acelera el cambio

A este escenario se suma otra normativa clave: la Ley Crea y Crece.

Esta ley establece la obligatoriedad de utilizar factura electrónica en las relaciones entre empresas y profesionales.

Y aquí hay un punto importante que muchas empresas pasan por alto:

Que no todo vale como factura electrónica.

La ley define la factura electrónica como un archivo estructurado (normalmente en formato XML), lo que deja fuera formatos habituales como PDF, Word y Excel entre otros.

Esto implica que:

• La facturación debe ser digital, pero también estructurada
• Los sistemas deben ser capaces de generar y gestionar estos formatos
• La integración entre herramientas será clave

👉 En este contexto, VeriFactu (Ley Antifraude) y la factura electrónica (Ley Crea y Crece) no son lo mismo, pero avanzan en la misma dirección: más control, más trazabilidad y más digitalización.

Conclusión

El aplazamiento de VeriFactu no es una pausa. Es una oportunidad.

Una oportunidad para adaptarse con tiempo, sin presión y con criterio.

Las empresas que lo entiendan como un cambio estructural estarán preparadas.
Las que lo vean como algo lejano, llegarán tarde.

En iUNiS ayudamos a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación para cumplir con la normativa actual y futura, sin impacto en su operativa.

Si quieres saber si tu software cumple hoy con la Ley Antifraude, podemos ayudarte a evaluarlo.

FAQ

¿Si VeriFactu se ha aplazado, tengo que hacer algo ahora?

Sí. Si no estas adaptado a esta Ley, deberías empezar ya para facilitar el cambio operativo de tu empresa.

¿Qué implica el aplazamiento de VeriFactu para las empresas?

Implica más tiempo para adaptarse, pero no elimina la obligación actual de cumplir con la Ley Antifraude. Las empresas deben revisar ya sus sistemas de facturación.

¿Qué exige la Ley Antifraude a mi software?

Que no permita modificar o eliminar datos sin trazabilidad y que garantice la integridad de la información.

¿VeriFactu es obligatorio ya?

Será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027.

¿Qué riesgo tengo si no adapto mi sistema?

Riesgo de incumplimiento legal, sanciones y problemas operativos cuando llegue la obligatoriedad.

¿Qué relación hay entre VeriFactu y la factura electrónica?

Ambos forman parte del mismo proceso de digitalización y control fiscal impulsado por la Administración.